El fenómeno de los controles llevados a cabo por la Agencia Nacional de Administración Fiscal (ANAF) es familiar, al menos a nivel abstracto, para cualquier ciudadano, ya que la inminencia de una verificación por parte de la ANAF está profundamente arraigada en la conciencia pública e individual de los ciudadanos.
La necesidad de cumplir con las regulaciones fiscales, en particular aquellas que se refieren a la declaración de ingresos y el pago de los impuestos correspondientes, es de especial importancia debido a las consecuencias financieras o incluso penales que pueden derivarse del incumplimiento o el cumplimiento inadecuado de estas obligaciones.
Precisamente por esta razón, es imperativo que las obligaciones fiscales impuestas a los contribuyentes estén establecidas en normas claras y accesibles, que les permitan conocer el alcance de sus responsabilidades fiscales para que puedan adoptar un comportamiento preventivo. Sin embargo, esta regla, aunque prometedora en teoría, no se traduce en la práctica debido al fenómeno de la sobre-regulación en materia fiscal, acompañado de un lenguaje técnico difícil de comprender para un no especialista.
En el caso de las personas jurídicas, la ley establece la obligación de organizar y llevar la contabilidad, una actividad que generalmente realiza un contador, lo que facilita la comprensión y el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Sin embargo, en el caso de las personas físicas que no realizan actividades económicas en una forma organizada, la ley no exige llevar contabilidad, por lo que muchas veces las operaciones financieras emprendidas no se basan en una comprensión efectiva de la legislación fiscal.
En este contexto, dado que aún no se ha consolidado la práctica de recurrir preventivamente a los servicios de un especialista, muchas veces los contribuyentes encuentran difícil anticipar las implicaciones fiscales de transacciones que perciben como triviales, tales como:
- La venta recurrente de bienes del patrimonio personal a través de diversas plataformas en línea;
- La obtención de ingresos por transferencia de moneda virtual antes de la modificación del artículo 114, apartado (2), letra m) del Código Fiscal mediante la Ley N.º 30/2019;
- La obtención de ingresos a partir de contratos de préstamo sin interés o de donación.
A simple vista, la lectura de las disposiciones del Código Fiscal sugeriría que el régimen fiscal de los ingresos obtenidos de estas transacciones ha sido claramente definido por el legislador con base en las siguientes disposiciones legales:
- Artículo 62, letra m) del Código Fiscal, según el cual no son imponibles: «los ingresos recibidos como resultado de la transferencia del derecho de propiedad sobre bienes inmuebles y muebles del patrimonio personal, distintos de las ganancias derivadas de la transferencia de valores y/o oro de inversión previstas en el capítulo V – Ingresos por inversiones, así como otros distintos de los definidos en el capítulo IX – Ingresos por transferencia de propiedades inmobiliarias del patrimonio personal».
- Artículo 114, apartado (2), letra m) del Código Fiscal, que incluye en la categoría de ingresos de otras fuentes, gravados con un 10%: «ingresos por transferencia de moneda virtual. (Nota: aplicable a partir del impuesto sobre la renta debido por los ingresos obtenidos en el año 2019)».
- Artículo 62, letra p) del Código Fiscal, que establece como no imponibles: «las sumas o bienes, incluidos valores y oro de inversión, recibidos como herencia o donación. En el caso de propiedades inmobiliarias, para herencias y donaciones se aplican las disposiciones del artículo 111, apartados (2) y (3)».
Sin embargo, en la práctica, la situación se complica cuando estas transacciones se realizan de manera repetida y las sumas obtenidas alcanzan un valor suficientemente alto como para atraer la atención de las autoridades fiscales.
Así, el tratamiento fiscal de ciertas transacciones, que aparentemente gozan de una regulación clara, puede cambiar en el marco de un control realizado por la ANAF, dado que las autoridades fiscales tienen la facultad de reclasificar una transacción o actividad. Esta prerrogativa, establecida en el artículo 11, apartado (1) del Código Fiscal, puede resultar en la modificación del régimen impositivo de los ingresos, lo que puede dar lugar a la imposición de ingresos considerados por los contribuyentes como no imponibles o a la aplicación de una tasa impositiva diferente de la inicialmente asignada.
En los últimos años, el número de controles realizados por la ANAF ha aumentado exponencialmente, debido a la necesidad de incrementar los ingresos estatales. Aunque inicialmente los controles se centraban en las personas jurídicas, posteriormente se extendieron también a las personas físicas en el contexto de la verificación fiscal de individuos.
Por ejemplo, recientemente se han vuelto cada vez más frecuentes los controles sobre personas físicas que, en años anteriores, han obtenido ingresos considerables de la venta repetida de diversos bienes a través de plataformas en línea. En estos casos, la ANAF tiende a reclasificar estos ingresos – percibidos por los contribuyentes como ingresos obtenidos de la venta de bienes del patrimonio personal y, por tanto, no imponibles según el artículo 62, letra m) del Código Fiscal – como ingresos imponibles.
Por lo tanto, se ordena la reclasificación de estos ingresos como ingresos de actividades independientes, de acuerdo con el artículo 61, letra a) en relación con el artículo 67 del Código Fiscal, lo que conlleva el cálculo retroactivo del impuesto sobre la renta con una tasa del 10% sobre el ingreso generado, así como de las contribuciones sociales correspondientes (10% para el CASS y 25% para el CAS) en caso de que los ingresos superen el umbral legal.
Asimismo, tras la emisión de la decisión de imposición, se calculan los intereses y penalizaciones por declaración tardía, con tasas del 0,02% y 0,08% por día de retraso respectivamente.
Un caso similar se presenta con la reclasificación de los ingresos obtenidos antes de 2019 de la transferencia de moneda virtual como ingresos de otras fuentes. Antes de la entrada en vigor de la Ley N.º 30/2019, el Código Fiscal no regulaba estos ingresos, y las monedas virtuales no tenían una calificación jurídica clara.
A partir del 1 de julio de 2024, las consecuencias de reclasificar ingresos como provenientes de fuentes no identificadas se volverán más severas. Según la Ley N.º 296/2023, la tasa de impuestos aplicable a ingresos cuya procedencia no pueda ser identificada aumentará del 16% al 70%.
La ANAF ha declarado que «el cambio de la tasa del 16% al 70% se aplicará a partir del 1 de julio de 2024 a todas las decisiones de imposición emitidas a partir de esa fecha«.
Dado lo anterior, es esencial que los contribuyentes verificados utilicen los mecanismos administrativos fiscales para impugnar las decisiones de imposición, dentro del plazo de 45 días desde su comunicación.
