¿Qué ocurre con las deudas de una empresa en quiebra en Rumanía?

¿En qué situación se entra en quiebra en Rumanía?

La insolvencia se refiere a la situación en la que una sociedad deudora no puede pagar sus deudas ciertas, líquidas y exigibles, por lo que, al iniciar el procedimiento de insolvencia, se busca cubrir el pasivo del deudor, ya sea mediante reorganización o mediante quiebra. En este artículo nos enfocamos estrictamente en el procedimiento de quiebra, que es, por lo tanto, una modalidad del procedimiento de insolvencia.

La quiebra es un procedimiento destinado a proteger los intereses de los acreedores, con el objetivo de satisfacer sus créditos mediante la liquidación de los bienes del deudor. La Ley N° 85/2014 sobre los procedimientos de prevención de la insolvencia y de insolvencia define la quiebra como “el procedimiento de insolvencia, concursal, colectivo e igualitario, que se aplica al deudor con el fin de liquidar su patrimonio para cubrir el pasivo”. Este procedimiento concluye con la cancelación del deudor en el registro en el que está matriculado.

Las situaciones en las que se entra en quiebra están previstas en el art. 145 párrafo (1) de la Ley N° 85/2014 de Rumanía, entre las cuales mencionamos: 

1. Ingreso en el procedimiento simplificado y ausencia de reorganización: si el deudor ha declarado su intención de ingresar en el procedimiento simplificado o no ha declarado su intención de reorganización, y ningún otro sujeto de derecho ha propuesto un plan de reorganización, o los planes propuestos no han sido aceptados y confirmados.
2. Ausencia de un plan de reorganización: el deudor ha expresado su intención de reorganización, pero no ha presentado un plan, o el plan propuesto no ha sido aceptado y confirmado.
3. Incumplimiento de obligaciones en Rumanía: si las obligaciones de pago y otras cargas asumidas no se cumplen según el plan confirmado o si el desarrollo de la actividad del deudor durante la reorganización genera pérdidas significativas en su patrimonio.
4. Informe del administrador judicial: 
   1. Si se aprueba el informe del administrador judicial que propone el ingreso en el procedimiento simplificado, previsto para deudores que encajan en las categorías del art. 38 párrafo (2) de la Ley N° 85/2014 (por ejemplo: no poseen ningún bien en su patrimonio; no se pueden encontrar los documentos contables; no tienen órganos de administración, etc.)
   2. Si se aprueba el informe del administrador judicial que propone el ingreso en quiebra, en el caso de que los deudores no encajen en las categorías previstas en el art. 38 párrafo (2) de la Ley N° 85/2014

El ingreso de la sociedad deudora en el procedimiento de quiebra es decidido por el juez síndico, mediante sentencia o, en su caso, mediante resolución.

¿Qué sucede con las deudas de una empresa en quiebra?

El inicio de la quiebra puede generar dificultades no solo para el deudor, sino también para los acreedores, ya que estos últimos deben estar atentos y registrar las solicitudes de inscripción en la masa de acreedores, respetando los plazos establecidos por el juez síndico. Si los acreedores no cumplen con el plazo de inscripción en la masa de acreedores, no podrán recuperar sus créditos de ninguna otra manera. Por lo tanto, podemos concluir que el propósito de la inscripción en la masa de acreedores en el procedimiento de quiebra es permitir a los acreedores hacer valer sus créditos y garantizar una distribución equitativa del dinero obtenido de la liquidación de los bienes del deudor entre ellos.

Según la Ley N° 85/2014 de Rumanía, cuando una empresa entra en quiebra, sus deudas se gestionan de una manera especial.

Una primera consecuencia de la apertura del procedimiento de quiebra es que se revoca el derecho de administración de la sociedad deudora, lo que significa que la actividad de la sociedad será gestionada por un liquidador judicial. 

En resumen, el liquidador judicial iniciará el proceso de inventario de los bienes, luego estos serán evaluados y liquidados, cumpliendo así con el propósito del procedimiento de quiebra: la liquidación del patrimonio del deudor para cubrir las deudas. La regla general es que la venta de los bienes se realiza según una estrategia votada por la asamblea de acreedores y, en la mayoría de los casos, mediante subasta pública.

Después de la venta, si hay fondos suficientes, los acreedores serán pagados en el orden de prioridad establecido por la ley, conforme al art. 161 de la Ley N° 85/2014. Por lo tanto, primero se pagarán los impuestos, tasas y gastos del procedimiento, incluidos los de conservación de los bienes y las remuneraciones de los empleados, luego los créditos derivados de financiamientos intermedios otorgados al deudor con la aprobación de la asamblea de acreedores, los créditos provenientes de financiamientos en procedimientos de prevención de la insolvencia y los honorarios del profesional, los créditos salariales, etc. 

Pueden surgir situaciones en las que las sumas obtenidas de la venta de estos bienes sean insuficientes para cubrir completamente los créditos respectivos. En estos casos, los acreedores, según el tipo de créditos, tendrán derechos de recuperación de las deudas junto con otros acreedores con créditos similares. Sin embargo, si después de pagar estas sumas queda una diferencia positiva, esta se depositará, a través del liquidador judicial, en la cuenta del patrimonio del deudor.

En ciertas situaciones, los acreedores pueden recibir solo una parte de las deudas o incluso nada, dependiendo de la disponibilidad de fondos. Si, durante el procedimiento, se constata que la sociedad deudora no dispone de fondos suficientes para cubrir las deudas y los gastos administrativos, y los acreedores no están dispuestos a adelantar sumas para continuar el procedimiento, el juez síndico dispondrá el cierre del procedimiento y la cancelación de la sociedad en el registro mercantil. Por lo tanto, en esta situación, las deudas de la sociedad quedarán impagas. 

Sin embargo, a solicitud del liquidador judicial, el juez síndico puede decidir que una parte o la totalidad de la deuda de la sociedad deudora sea asumida por los miembros de los órganos de administración y/o supervisión, así como por otras personas que hayan contribuido a la insolvencia. Si se admite dicha solicitud, la ejecución forzosa de las personas físicas responsables de la insolvencia de la sociedad se llevará a cabo conforme al derecho común, por parte del ejecutor judicial, de acuerdo con las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

Finalmente, el procedimiento de quiebra en Rumanía concluye con la cancelación de la sociedad deudora en el registro en el que está matriculada, incluso si las deudas no han sido completamente saldadas.